En un mundo cada vez más dominado por ideologías estatistas y uniformadoras, la Iglesia Católica alza la voz para recordar una verdad fundamental: la educación de los hijos es un derecho natural y primario de los padres, no una concesión del Estado. Este principio, profundamente arraigado en la doctrina social de la Iglesia, está siendo hoy desafiado en múltiples frentes. La batalla por la libertad educativa se convierte así en un deber irrenunciable para los creyentes y, especialmente, para los padres cristianos comprometidos con el futuro espiritual y humano de sus hijos.

El derecho-deber de educar: la enseñanza de la Iglesia

El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2221-2229) enseña con claridad que “los padres tienen la primera responsabilidad en la educación de sus hijos”. No se trata de una opción entre muchas, sino de una misión confiada por Dios, anterior a cualquier forma de autoridad civil. Esta educación incluye no solo aspectos intelectuales o cívicos, sino también, y sobre todo, la formación moral y religiosa.

El Concilio Vaticano II, en su declaración Gravissimum Educationis, afirma que “los padres, por haber dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de educarlos y, por consiguiente, deben ser reconocidos como sus primeros y principales educadores” (GE 3). A su vez, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (n. 239) refuerza esta idea, denunciando toda forma de intromisión del Estado que pretenda suplantar o condicionar ese derecho.

El Estado: subsidiario, no protagonista

En una sana visión del bien común, el Estado tiene una función subsidiaria, es decir, debe ayudar y no sustituir a las familias. Su papel consiste en garantizar que todos tengan acceso a la educación y velar por la calidad del sistema, pero nunca imponer un modelo único de pensamiento ni discriminar a quienes desean educar según su fe.

Sin embargo, en muchos lugares del mundo, se observa un preocupante avance de políticas educativas que imponen ideologías de género, relativismo moral o ateísmo práctico. Los padres que intentan ejercer su derecho a una educación conforme a sus convicciones religiosas se enfrentan a obstáculos legales, económicos o sociales.

Esto es especialmente grave en contextos donde la escuela pública ha dejado de ser neutral y se convierte en un vehículo de ingeniería social. Como ha advertido el Papa Francisco, “la ideología de género es una colonización ideológica” que “borra las diferencias y hace todo igual” (Encuentro con las familias en Filipinas, 2015).

La escuela católica y la opción por la libertad

En este contexto, las escuelas de inspiración católica siguen siendo una luz en medio de la confusión, pues integran la fe, la razón y la cultura en una visión coherente del ser humano. Pero incluso estas escuelas son a menudo presionadas para ceder en sus principios o excluidas de los sistemas de financiación pública.

La libertad de enseñanza y el derecho a elegir la educación religiosa y moral que los padres deseen para sus hijos están reconocidos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18.4) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 26.3). Negar este derecho es atentar contra la dignidad de la familia y contra la democracia misma.

Una batalla que exige compromiso

La batalla por la libertad educativa no es ideológica, sino profundamente humana y cristiana. Requiere que los padres se informen, se organicen y actúen con valentía, exigiendo a los poderes públicos que respeten su derecho y fomentando espacios donde la fe pueda ser transmitida sin censura ni miedo.

Como recordaba San Juan Pablo II, “la familia es el primer y principal sujeto de la educación” (Familiaris Consortio, 36). Defender este principio no es solo proteger a nuestros hijos, sino también preservar el tejido moral de nuestra sociedad.