Nicaragua: Decretado arresto domiciliario para monseñor Rolando Álvarez

Monseñor Rolando Álvarez acosado por la Policía antes de ser secuestrado © Vatican Media

El Poder Judicial de Nicaragua ha decretado arresto domiciliario para Monseñor Rolando Álvarez

Mons. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, se encontraba retenido por la Policía Nacional desde el 19 de agosto de 2022 y ha sido acusado “por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”.

Así informó en un comunicado del 13 de diciembre de 2022 la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua, Nicaragua.

Del mismo modo, la autoridad judicial “le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”.

La nota concluye exponiendo que en la misma causa se encuentra acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos. El presbítero es definido en el texto como “prófugo de la justicia” y se indica que “la autoridad judicial giró oficio a INTERPOL para su captura”.

Secuestro en agosto

Monseñor Álvarez fue detenido en la madrugada del 19 de agosto. en torno a las 3 de la madrugada, la Policía del régimen sandinista en Nicaragua irrumpió en la sede episcopal llevándose a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, junto con otras 8 personas, sacerdotes y laicos.

La propia Policía confesó en un comunicado este allanamiento contra la curia episcopal de Matagalpa y admitió que tenía secuestrado a monseñor Rolando Álvarez a otras personas y que fueron trasladados a Managua “para las indagaciones de Ley”.

Hostigamiento del Gobierno a la Iglesia

La agencia misionera Fides informaba en una nota de principios de agosto cómo monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, así como el padre Harvy Padilla, párroco de San Juan Bautista en la ciudad de Masaya, “viven en un clima de zozobra por su seguridad personal y la imposibilidad de ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe en un ambiente de paz y libertad”.


El 4 de agosto de 202, la Policía del régimen de Daniel Ortega impidió la salida del prelado de la casa cural hacia la catedral para oficiar la Hora Santa y la Eucaristía.

En un video difundido por la Prensa Nicaragua (LP), en su canal Youtube, Mons. Álvarez denunció que funcionarios policiales atrincherados le impidieron el paso a él y otros seis sacerdotes y seis laicos que “nos tienen encerrados en la curia”.

“Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía, nunca la hemos irrespetado. Sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos, entonces voy a esperar que me permitan salir, yo les mantendré informado”, indicó el obispo.

En los últimos tiempos, el régimen de Daniel Ortega ha tomado medidas represivas contra la Iglesia en Nicaragua, al considerar que no se encuentra alineada con el poder.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentran el cierre forzado del canal de televisión de la Conferencia Episcopal y de 8 emisoras de radio católicas; la retirada del beneplácito (agrément) a Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua desde 2018, y su salida del país.

Además, monseñor Leonardo Urbina, párroco del Perpetuo Socorro en Boaco, fue detenido por una presunta denuncia de abusos sexuales; el padre Manuel Salvador García, párroco de Nandaime, fue encarcelado acusado de exponer a las personas al peligro y de agredir presuntamente a una mujer.

También se anuló la personalidad jurídica de 101 ONG, entre ellas la asociación Misioneras de la Caridad, motivo por el que las religiosas de la Madre Teresa han tenido que abandonar el país.

Así ha informado en un comunicado del 13 de diciembre de 2022 la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua, Nicaragua. Del mismo modo, la autoridad judicial “le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”.