Polonia se ha visto sacudida por un hecho gravísimo: en el hospital de Oleśnica, un bebé (bajo el nombre ficticio de Felek) de 37 semanas de gestación, que estaba listo para nacer, fue asesinado mediante una inyección de cloruro de potasio en el corazón. La «culpa» del pequeño, que habría podido sobrevivir fuera del vientre materno, fue un diagnóstico de osteogénesis imperfecta. A la madre de Felek se le ofreció la posibilidad de dar a luz por cesárea para luego brindarle asistencia médica especializada. Obviamente, la madre podía hacerlo de forma anónima y entregar al bebé en adopción. Sin embargo, instigada por activistas proaborto, rechazó esa opción y acudió al hospital de Oleśnica, donde la ginecóloga abortista, Gizela Jagielska, realizó un aborto, aunque en este caso más bien se debería hablar de asesinato.

La opinión pública polaca quedó consternada por este hecho y la indignación se manifestó incluso en redes sociales. Entre los que no permanecieron indiferentes ante este brutal asesinato se encontraba el padre Grzegorz, de la diócesis de Przemyśl, quien envió un correo electrónico al hospital de Jagielska expresando su indignación. Por esto, fue arrestado y trasladado al otro lado de Polonia para ser interrogado en Oleśnica, donde trabaja la doctora abortista.

Los detalles del arresto son impactantes. El 22 de abril, el día después de Pascua, el padre Grzegorz, afectado por una bronquitis y muy cansado tras el intenso Triduo Pascual, visitó a su madre y a su hermana. Cuando el sacerdote partió, alrededor de las 15:00, tres hombres vestidos de civil se presentaron en la casa familiar preguntando si el «señor Grzegorz» estaba en casa. Al saber que había salido, pidieron a la hermana que lo llamara de inmediato y comenzaron a registrar la casa en busca de dispositivos electrónicos. Para la madre del sacerdote, una mujer anciana y enferma, fue un shock.

Cuando el sacerdote regresó, escuchó las acusaciones: su correo electrónico enviado al hospital de Oleśnica fue interpretado como una amenaza criminal contra Gizela Jagielska. A estas acusaciones, el padre Grzegorz respondió que había dicho la verdad, pues la ginecóloga había asesinado al niño que estaba en el vientre de su madre.

La policía también registró su parroquia y el párroco se vio obligado a entregar el ordenador de su hermano. El sacerdote pasó la noche del 22 al 23 de abril en la comisaría de Krosno, en una celda de detención. Pasó toda la noche rezando. Al día siguiente, fue trasladado en un furgón de presos hasta Oleśnica, un traumático viaje de 500 km. Se sintió humillado y con dificultades para respirar. Según relatan sus familiares, a causa del estrés, don Grzegorz perdió mucho cabello y el resto se volvió gris.

En Oleśnica escuchó los cargos: se le acusa de difamación y de amenazas contra Jagielska. Fue sometido a vigilancia policial y debe presentarse en la comisaría cada dos semanas. Además, no puede acercarse a Jagielska ni hablar del hospital de Oleśnica. Tras concluir los procedimientos en la fiscalía, fue liberado: sin teléfono, sin dinero, a 500 km de su casa. Gracias a la ayuda de amigos y sacerdotes de la ciudad, pudo regresar.

El arresto y las acusaciones contra el sacerdote, así como contra otras dos personas implicadas en el mismo caso, han generado una ola de indignación. Incluso la Curia Metropolitana de Przemyśl reaccionó con un comunicado. Aunque subrayó que no quería comentar el contenido de ningún correo electrónico o declaración de don Grzegorz, ya que se trataba de opiniones personales y cualquier decisión al respecto correspondía a un tribunal independiente, expresó «profunda indignación por la forma en que el sacerdote en cuestión fue tratado por las fuerzas del orden, un trato completamente desproporcionado en relación con las necesidades de la situación y extremadamente represivo respecto a cualquier posible responsabilidad por el acto del que se le acusaba».

La Curia destacó que el sacerdote podría haber sido convocado para ser interrogado en la unidad local de policía o en la fiscalía y que las actividades necesarias podrían haberse realizado allí. En el comunicado se lee: «Consideramos que el arresto del sacerdote en la casa de su familia, el uso de esposas, el registro de la parroquia, su detención en Krosno para luego trasladarlo al día siguiente a Oleśnica, a más de 500 km, para realizar actividades procesales que podían haberse llevado a cabo en Krosno y, finalmente, el abandono del sacerdote en la calle en Oleśnica tras concluir los procedimientos, constituyen una medida de represión injustificada, una violencia injustificada y una humillación. Por tanto, esto es una manifestación de lucha contra la Iglesia católica».

La Curia no tiene dudas de que «el propósito de estas acciones era únicamente provocar un linchamiento mediático del sacerdote» y opina que «estas acciones constituyeron un abuso de poder injustificado por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley». En el comunicado se subraya que «no había razones para justificar una medida de este tipo contra el sacerdote, ya que no se había escondido, no había destruido pruebas ni había adoptado medidas para obstaculizar el procedimiento penal».

La participación de algunos medios en todos estos eventos «podría indicar que se trató de un proceso preparado para desacreditar a un sacerdote de la Iglesia católica». Por ello, el comunicado de la Curia de Przemyśl concluye con una amarga reflexión: «El hecho descrito es extremadamente doloroso para nuestra comunidad y lo percibimos como un ataque a la Iglesia católica». Esta es la Polonia bien vista en Bruselas: la Polonia pro-elección, la más anticlerical desde la transición democrática de 1989.