Centroamérica, México y EE.UU: Migración como derecho

Solicitud de los asistentes al VII Encuentro de Obispos efectuado en Valle de Ángeles, Honduras

Centroamérica migración derecho
Migrantes © CELAM

“Demandamos la aplicación de políticas migratorias que respeten la dignidad de las personas, el derecho a la protección internacional y la no separación de las familias por parte de los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos” fue la solicitud de los asistentes al VII Encuentro de Obispos efectuado en Valle de Ángeles, Honduras, del 25 al 28 de octubre de 2021.

Migración como derecho

De acuerdo a una nota de ADN CELAM, sistema informativo del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), se trata de una cita a la que acudieron los secretarios ejecutivos de pastoral de movilidad, los laicos que trabajan en las fronteras del sur de México y Centroamérica, un delegado de la Sección Migrantes y Refugiados del Vaticano y un grupo de obispos estadounidenses.

Todos coinciden en su preocupación por que la migración sea un derecho y no la consecuencia de la presión que ejercen diversos factores como la pobreza, la violencia y que terminan convirtiéndola en una obligación.

Respuesta humanitaria

Tomando como punto de referencia que Centroamérica, México y Estados Unidos son territorios de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, los participantes en este encuentro se mostraron contrarios a los mecanismos de devolución exprés que resultan como efecto de la aplicación del Título 42 y la política “Quédate en México” implementada por la administración del presidente Joe Biden. En este sentido, urgieron a los gobiernos de Centroamérica y México a dar una respuesta humanitaria, rápida y digna a la emergencia provocada por estas medidas que solo apuntan a la contención y criminalización de la población migrante.

Igualmente, reiteraron su compromiso para promover la incidencia con los gobiernos de la región; particularmente con los de México y Estados Unidos, para que aborden las causas estructurales de la migración. Esta labor se extiende hasta las personas que por su condición se constituyen en testigos del trato y respuesta que dan los Estados a quienes se ven obligados a migrar de manera forzada, enfrentando graves riesgos durante la ruta, sin olvidar a las personas que son deportadas durante su proceso de reintegración.


“Como Iglesia nos comprometemos a fortalecer nuestras articulaciones regionales para acompañar y asistir a las personas migrantes en coherencia con el llamado del Papa Francisco para construir ‘un nosotros cada vez más grande’”, se lee en el documento.

Testigos de dolor

Dentro de las denuncias que hace la Iglesia de Centroamérica y México frente a la situación de la población migrante, está la violencia estructural que obliga a los ciudadanos centroamericanos a huir cada día de sus países, agobiados por las condiciones económicas y de inseguridad. Además de la corrupción generalizada y la impunidad que debilita las posibilidades de construir proyectos de vida estables en sus países de origen.

Una responsabilidad que ha de ser compartida entre los gobiernos de los países de Centroamérica y Estados Unidos; respecto al diseño de políticas económicas implementadas que con el tiempo han contribuido al debilitamiento de los Estados; afectando a las personas obligadas a migrar en busca de mejores condiciones de vida.

En busca de respuestas

De este modo, la Iglesia señala que la migración es una crisis compleja y de tipo regional que requiere una respuesta inmediata y que demanda un trabajo articulado desde los Estados y la sociedad civil, pues a causa de la pandemia, el cierre de fronteras y el efecto de fenómenos naturales como los huracanes, hizo más aguda la presencia en las rutas migratorias de poblaciones vulnerables como es el caso de los niños no acompañados, las mujeres embarazadas y la conformación de grupos familiares con características monoparentales.

En este momento estas situaciones carecen de una respuesta efectiva y articulada por parte de los gobiernos, que deben atender las causas estructurales que subyacen en las razones que existen para migrar. Asimismo, actualmente no existe una preocupación real por atender las deportaciones masivas que olvidan cualquier protocolo que permita un retorno con dignidad.