El Gobierno ha aprobado un Plan para el reconocimiento y atención a las víctimas de pederastia, todo ello basado en un falaz y mentiroso Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica.
En el Informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se recabaron unos 500 testimonios, muchos de ellos manifiestamente falsos como se demostró posteriormente y una encuesta para determinar la prevalencia del fenómeno de los abusos sexuales.
A partir del sondeo sociológico realizado, hubo medios que extrapolaron los porcentajes sosteniendo que las víctimas en el ámbito religioso vendrían a ser 440.000. Fue una extrapolación que expertos en demoscopia calificaron de “delirio estadístico”, una mentira artera.
El informe Cremades & Calvo Sotelo, propuso a partir de denuncias creíbles, una estimación con unas 2.056 víctimas eclesiales y concluyó que la pederastia en la Iglesia es, comparativamente con la existente en el conjunto de la sociedad, muy escasa. Por tanto, el problema es, ciertamente eclesial, pero sobre todo social. Finalmente, la Conferencia Episcopal Española defendió en el suyo propio que hablaba de la existencia de 806 denuncias de las que 205 estarían probadas.
Con estos datos la Iglesia ha objetado bien al Gobierno que “la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, porque parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia sin ningún tipo de garantía jurídica, dando por bueno un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una pequeña parte del problema, en un análisis parcial y ocultando un gran problema social.
La Iglesia católica ya ha pedido perdón a las víctimas de pederastia en el clero. El Vaticano avala el trabajo de los obispos españoles por investigar las denuncias que se han presentado en las oficinas diocesanas. Así como el esfuerzo tanto por acompañar a las víctimas como ayudarlas en lo necesario.
La Iglesia en España está comprometida en la protección de menores y en la prevención de abusos sexuales cometidos en su actividad y en general, en toda la sociedad.
La lacra que son los abusos a menores afecta a toda la sociedad. Por eso en la Iglesia española llevan años trabajando para eliminarla, acompañando y acogiendo a quienes la han sufrido más directamente.
Acogida, escucha, prevención y formación son las claves en los casos de abusos a menores y personas vulnerables. La Iglesia católica debe asumir el compromiso de cuidar y educar con respeto, proteger a todos los menores y adultos vulnerables a su cargo creando comunidades seguras donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso.
Juan Andrés Segura – Colaborador de Enraizados
